El procedimiento de antejuicio de mérito previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a la luz de los principios que rigen el proceso penal

Abstract

El trabajo de investigación tuvo como objeto analizar el procedimiento de antejuicio de mérito previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a la luz del procedimiento en los juicios contra el Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y los principios constitucionales del proceso penal, en el mismo se buscó definir el antejuicio de mérito como institución, determinar su procedimiento, realizar un símil con el procedimiento penal y sus principios en la búsqueda de incongruencias jurídicas, la misma se justificó al realizar un análisis conforme a la evolución constitucional y procesal penal de los juicios contra el Presidente de la República y altos funcionarios públicos desde la carta magna del año 1830 hasta la Constitución del año 1999, y de las disposiciones del ordenamiento legal venezolano. Se utilizaron métodos básicamente cualitativos como lo son el documental por cuanto su información fue extraída de libros nacionales, trabajos y monografías que abordan el tema objeto de estudio. Igualmente se utilizó el método deductivo partiendo de conceptos teóricos generales relacionados con la evolución constitucional, legal y jurisprudencial del antejuicio de mérito y del proceso penal acusatorio, para con ello obtener criterios actuales sobre la naturaleza, características y procedimiento de esta prerrogativa en la actual Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y su ruptura con la tradición jurídico penal de la República, así como los diversos contrasentidos que ha generado ésta, desnaturalizando la esencia misma de la prerrogativa procesal de orden constitucional a que se refiere. Por último se propone la legislación armónica de los instrumentos que norman la posibilidad de someter a la justicia penal al Presidente de la República u algún alto funcionario público y la adopción de una jurisprudencia pacífica y reiterada en torno al tema.